/

Desde la Oficina Regional en México de la Rosa- Luxemburg- Stiftung expresamos nuestra preocupación por la eventual reforma a la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala, vigente desde 1996 y aprobada en el marco de la firma de los acuerdos de paz, que ampliaría la amnistía otorgada a perpetradores de crímenes a lo largo de los 36 años de conflicto armado interno.
 
Si el Congreso guatemalteco aprueba la reforma, actualmente en discusión, la amnistía se ampliaría en dos temas delicados: cubriría los delitos de lesa humanidad, hasta ahora sin posibilidad de perdón, y tendría aplicación retroactiva para aquellos juzgados y condenados desde el fin del conflicto.
 
La posible aprobación de esta reforma significaría un conflicto jurídico, en primer lugar, con el marco constitucional guatemalteco, así como con los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito el país, empezando por el Tratado de Viena, que excluye de cualquier posibilidad de amnistía a los delitos considerados de lesa humanidad.
 
Esta propuesta contradice uno de los puntos centrales de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra en Guatemala: la no prescripción de delitos como genocidio, desaparición forzada y tortura, y pone en riesgo el avance en la lucha por los derechos humanos en el país y en el mundo.
 
El debate de esta propuesta se da en el contexto de diversos procesos jurídicos en Guatemala contra militares, activos o retirados, involucrados en crímenes atroces cometidos durante el conflicto. Muchos de estos vinculados a casos de corrupción en tiempos recientes y que guardan cercanía con el gobierno del presidente Jimmy Morales.
 
Hasta el momento, están sujetos a procesos judiciales cerca de 4 mil personas vinculadas a las fuerzas de seguridad y 87 guerrilleros, mientras que ya han sido condenados 42 militares y 1 miembro de la guerrilla. De ser aprobada la ley, los condenados tendrían que ser liberados en 24 horas y todas las investigaciones al respecto se detendrían, lo que significaría un duro revés en la lucha contra la impunidad.
 
Esto pondría en libertad a condenados recientes, como el militar kaibil Santos López Alonzo, con sentencia de 5,160 años de prisión por la masacre de las Dos Erres donde fueron asesinadas 171 personas, o a los cuatro altos mandos del ejército condenados por la desaparición, en 1981, del niño Marco Antonio Molina Theissen [del que ya hemos escrito]. Si la reforma a la ley logra aprobarse también anularía las indemnizaciones que el Estado ya ha pagado a las víctimas y sus familiares.
 
Nos sumamos a la preocupación expresada por diversas instituciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la Unión Europea (UE), la Asociación de Estudios  Latinoamericanos (LASA), la Organización de Naciones Unidasd (ONU) y diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales en el sentido de el retroceso que esto significaría para Guatemala.
 
Es necesario recordar que en los 36 años que duró el conflicto, más de 250 mil personas fueron asesinadas, 45 mil fueron desaparecidas, hubo más 600 masacres, 440 aldeas desaparecieron del territorio nacional y hubo más de un millón de desplazados, entre internos y refugiados en el exterior.