Gustavo Castro SotoOtros Mundos AC/Chiapas, México
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.— El éxodo masivo del pueblo hondureño –que dio inicio en octubre de 2018 en busca de refugio– ha conmocionado al mundo entero por su forma y cantidad: miles de personas y familias que huyen a toda prisa cruzando fronteras. Muchas razones y causas son las que han originado esta estampida que algunos sectores han caracterizado con racismo y xenofobia para descalificarla. Sin embargo, la violencia, la pobreza, la impunidad en la que estas personas viven desde hace años en su propio país explica las razones de fondo para huir, más cuando un gobierno tutelado por las fuerzas militares, los grandes intereses corporativos y el narcotráfico, pero también por la injerencia de Estados Unidos, los bancos y las familias más ricas del país, mantienen al pueblo hondureño en condiciones de miseria y violencia. Esta última ha llegado a tal punto que en 2014 el Informe Global de Homicidios de Naciones Unidas catalogó al país centroamericano como el más inseguro del mundo.1 Asimismo, además de poseer un ingreso per cápita que lo posiciona en el segundo lugar de los más bajos del continente, tiene el índice más alto de desigualdad e inequidad2 y la mayor tasa de homicidios en todo el mundo, con cifras históricas desde 1998.3
Antecedentes del refugio
Honduras se ha caracterizado, desde el siglo XX, por sus gobiernos militares golpistas, por la corrupción, la violencia, la impunidad y los índices de mayor pobreza y miseria de toda la región. Desde la década de 1980 fue un objetivo de intervención militar y estratégico para el gobierno de Estados Unidos, uno de cuyos fines era contrarrestar los procesos revolucionarios centroamericanos a través del financiamiento de la CIA y del entrenamiento de fuerzas armadas contrarrevolucionarias.
A partir de 1998 Honduras inicia la vorágine de firma de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, acuerdos comerciales preferenciales y acuerdos parciales con 60 países (política que hasta la fecha sigue vigente).4 Simultáneamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) aplicaron medidas neoliberales, obligando al país a reducir las barreras arancelarias y a privatizar empresas estatales –de los sectores eléctrico, telefónico y de salud– con un servicio deficiente y lleno de escándalos por corrupción. También se impulsaron modificaciones legales para facilitar la llegada de las inversiones extranjera y de la oligarquía nacional y, para ello, se aprobaron leyes que las fomentaran, como la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, la Ley de Ordenamiento Estructural, la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley Nacional de Empleo por Horas, la Ley de Incentivo al Turismo o la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Toda esta imposición de políticas neoliberales generó una agudización de la pobreza, desempleo y pérdida de derechos laborales, eliminación de subsidios, crisis en el campo, en los sistemas de salud y en la educación, entre otros servicios públicos.
La crisis económica del país, acompañada de la violencia del narcotráfico y las “maras”5 –cuyos integrantes jóvenes han sido excluidos del sistema y conforman, históricamente, parte de los fenómenos de migración–, empujó con mayor razón a que se propiciara una migración forzada y a que detonara el descontento social, cuya respuesta fue la represión y la violación sistemática de los derechos humanos, tutelada por una estructura judicial débil, corrupta y vinculada con los intereses del crimen organizado.
Las inversiones en megaproyectos extractivistas fortalecieron el acaparamiento de tierras y la disputa de tierras a los pueblos indígenas, campesinos y garífunas, a quienes se violentó, despojó, asesinó y expulsó de sus territorios y medios de vida. A principios de 2000, la preocupación por la criminalidad y la violencia desatada por las bandas de jóvenes era ya mayor. El tráfico de drogas destinadas a Estados Unidos se incrementó a partir de 2001. Por ello, la embajada estadunidense apoyó al gobierno de Honduras en el ámbito militar, con entrenamiento a sus policías y para reformar la estructura judicial y policiaca, lo que agudizó el escenario de violencia.
En el Foro Nacional para las Migraciones que se llevó a cabo en Honduras en 2007, un año antes de la crisis del sistema capitalista –caracterizada por la pobreza, el desempleo, la violencia estructural y el colapso de las economías–, se aseguró que alrededor de 100 mil personas habían abandonado el país, con un promedio de 11 personas por hora. En esa década se llegó a calcular que más de 1.2 millones de hondureños habían huido de su territorio nacional, de los cuales 1 millón 50 mil personas lo habían hecho hacia Estados Unidos.6
El golpe a Manuel Zelaya incrementa la violencia
En 2006 asume la presidencia Manuel Zelaya, quien se relacionó con la Venezuela de Hugo Chávez –sobre todo en convenios petroleros– y vinculó a su país con los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Esto fue una de las peores provocaciones para Estados Unidos. Con un discurso progresista, el mandatario hondureño pretendió iniciar un proceso constituyente, tal y como lo hicieran también otros miembros de la ALBA, lo que ocasionó la reacción de la cúpula empresarial, del ejército, de los partidos políticos, de las Iglesias y del gobierno de Estados Unidos, el golpe de Estado en 2009, el secuestro de Zelaya por parte de los militares y su expulsión del país. Todo ello en el contexto de la debacle capitalista de 2008, año en que Washington formula la Iniciativa Mérida (Plan Mérida o Plan México), tratado internacional de seguridad con México y los países centroamericanos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que no era sino la continuación del tipo de políticas e intervenciones que siempre han agudizado la violencia.
Sin embargo, el repudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) a este golpe no logró que se consumara el arribo a la presidencia de Porfirio Lobo, quien inmediatamente dio inicio al reparto de créditos bancarios y de concesiones para megaproyectos mineros, represas, palma de aceite, así como a la aprobación de leyes7 como la de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)8 –llamadas también “Ciudades Modelo” o “Ciudades Charter”–, la cual le permitía a las empresas privadas extranjeras la concesión de hasta 33 km2 de territorio cada uno durante 80 años con el fin de generar entes seguros y sin la vigilancia del Estado, con leyes, régimen fiscal, tribunales y policía propios.9 Estas “Ciudades Modelo” –impulsadas por el BM– son la equivalencia de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) de México y es una modalidad de las existentes en otras regiones de Asia.
Tal acaparamiento de tierras provocó muchas movilizaciones de diversos sectores, pero también la respuesta del Estado, que reaccionó con gran crueldad ante el generalizado descontento social. Las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron a través de secuestros, represión, feminicidios, despojo a pobladores de sus viviendas y territorios, amenazas, asesinatos y persecuciones a diversos sectores, entre ellos a periodistas, estudiantes universitarios, organizaciones campesinas, indígenas y afrohondureñas, así como a transexuales, homosexuales, defensoras del medio ambiente y organizaciones de derechos humanos.10
Después del golpe se calculaba que cada hora era asesinada una persona. Entre 2000 y 2011 murieron de forma violenta 46 mil 450 personas,11 y de 2010 al 2013 más de 20 mil 500 personas. En estos primeros años después de la usurpación del poder fueron asesinados 561.3 ciudadanos al mes, a lhttp://www.rosalux.org.mx/articulo/las-razones-del-exodo-hondurenoos que se suman más de 20 periodistas, más de 10 abogados, más de 120 ambientalistas y cinco que contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre 2010 y 2015. La violencia, la impunidad y la corrupción que hunden a Honduras son indicadores que han permitido catalogar a este país como uno de los más peligrosos del mundo y con la mayor tasa de homicidios.
En la región del Bajo Aguán, donde habitan alrededor de 300 mil personas indígenas, campesinas y garífunas, tres grandes terratenientes disputan sus territorios con tanta violencia que entre 2008 y 2013 cobraron la vida de alrededor de 100 personas. En esa misma región se registran actos de violencia y represión por las resistencias a los proyectos mineros en Tocoa.12 Por su lado, la familia Facussé, una de las más ricas del país,13 con casi 20 mil hectáreas ricas en palma de aceite, recibió cuantiosos créditos gubernamentales para ampliar sus plantaciones a costa de represión, muertes y acaparamiento de tierras. Los Facussé son señalados por contratar a sicarios que despojan a campesinos de sus territorios, hecho que también ha derivado en el asesinato de alrededor de 150 personas desde 2010. Por otro lado, en 2015 el gobierno hondureño intervino el Banco Continental de la familia Rosenthal, otra de las más ricas del país, por presión de Estados Unidos debido a sus presuntas actividades en el lavado de dinero y a su participación en el narcotráfico.14 En contraparte, los Rosenthal han demandado que el gobierno de Honduras los indemnice con mil millones de dólares por daños y perjuicios.15
En el caso de la familia Atala Zablah, otra de las más ricas del país y de Centroamérica, uno de sus miembros fue representante del gobierno hondureño en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) luego del golpe, el cual otorgó créditos al banco Ficohsa –propiedad de los Atala– que ascendieron a 100 millones de dólares.16 También recibió 15 millones de dólares del holandés Entrepreneurial Development Bank (FMO), 5 millones del Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (Finnfund) y 24 millones de dólares del BCIE, dinero que sería invertido en la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que llevaría a cabo Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) –también propiedad de la familia Atala–, empresa contra la que luchaban Berta Cáceres –a quien este mismo consorcio, luego de otros asesinatos, intimidaciones, amenazas y represión contra las comunidades, y con el apoyo de la policía y el ejército, mandó ejecutar el 2 de marzo de 2016– y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para evitar el despojo de sus territorios. Aunque estaban al tanto de tales abusos, los bancos no retiraron su financiamiento sino hasta julio de 2017, sobre todo gracias a la presión internacional y a las denuncias del propio COPINH.17
En 2014 el gobierno de Estados Unidos crea la Alianza Estratégica para la Prosperidad del Triángulo Norte de la América Central18 con el fin de afianzar su hegemonía en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero también para hacer frente a la presencia de China y de otros sectores económicos con fuertes intereses en la región. Otras estrategias fundamentales fueron potenciar las inversiones estadunidenses, bajar las tasas de inseguridad social y para las inversiones, mejorar el acceso a la justicia, todo ello con la pretensión de disminuir la migración hacia Estados Unidos. Entre 2015 y 2018 Washington comprometió 2 mil 600 millones de dólares, mientras que los tres países de manera conjunta aportaron 8 mil 600 millones de dólares para lograr este cometido. Se acusa que la mayoría de estos fondos fueron destinados a las fuerzas de seguridad, a las empresas privadas y a la corrupción gubernamental. Asimismo el presidente Donald Trump amenaza con retirar estos recursos si los países de la región no detienen el éxodo hondureño –al que se han sumado guatemaltecos y salvadoreños– hacia su país.
Se ha calculado que cada año del periodo 2010-2014 75 mil hondureños, que representan un promedio de ocho personas por hora, huyeron de la violencia en busca de refugio allende las fronteras de su país. También se ha registrado que las remesas enviadas por los migrantes a Honduras equivalían, durante esos mismos años, a 2 mil 600 millones de dólares al año, cantidad mayor a las divisas captadas por la exportación, el turismo o la industria de la maquiladora. Hoy se calcula que las remesas equivalen al 20% del producto interno bruto (PIB).19 En 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) colocó a Honduras como el país más pobre del continente, cuya deuda había aumentado 2 mil millones de dólares de enero de 2014 a abril de 2017 y equivalía al 42.4% de su PIB.
No sólo los intereses estratégicos de Estados Unidos en Honduras han incidido negativamente en el país centroamericano, sino también los de la misma Unión Europea, que quiso salvar al país destinando en el año 2013, de su fondo EuroJusticia,20 millones de euros para combatir la impunidad, la corrupción y los crímenes violentos, así como para garantizar el acceso de la población a un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y confiable. Pero tampoco lo logró. Al contrario, se disparó la corrupción, la violencia y la impunidad.
Por su lado, la empresa alemana Voith Hydro/Siemens también invirtió en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, pese a la violencia que el mismo desataba contra las comunidades indígenas. Bancos y empresas siguieron haciendo negocios ignorando las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la empresa austriaca Geppert Hydropower invirtió en el proyecto hidroeléctrico Los Planes, en Atlántida, donde inmediatamente aumentaron la militarización, las amenazas de muerte, los desalojos violentos y las ejecuciones contra la población.21 Por su lado, el Banco de Cooperación al Desarrollo Austriaco está involucrado en proyectos de energía Valle Solar en la costa pacífica que lo han hecho entrar en conflicto con los pobladores. Asimismo, la empresa de aeropuertos de Munich FGM –asociada con el estado de Baviera, Alemania, y con el gobierno de la ciudad de Munich–, participa en la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, donde se encuentra la base militar de Estados Unidos.
En 2014 asume la presidencia Juan Orlando Hernández y en el 2015 estalla el caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social que vinculó en el desfalco a Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo y a otros diputados, lo que provocó fuertes movilizaciones y huelgas exigiendo justicia y la renuncia del nuevo mandatario. Este caso, junto con todos los antecedentes, generó la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)22 en enero de 2016, dos meses antes del asesinato de Berta Cáceres, con lo cual se convirtió en la primera Misión de la OEA para el combate a la corrupción y la impunidad en un Estado miembro de esta organización. Sin embargo, aun así los movimientos sociales no ven avances en la lucha contra la impunidad ni contra la corrupción.
El asesinato de Berta Cáceres
En las últimas décadas no se había registrado en el mundo una movilización social, política, de solidaridad, mediática ni diplomática internacional tan gigantesca como la causada por el asesinato de la indígena ambientalista y ganadora del Premio Goldman, Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, así como por el intento de asesinato en grado de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, sobreviviente y único testigo del homicidio y quien fuera retenido por el mismo gobierno de Honduras durante un mes.
Este crimen marca un antes y un después en la vida política del país. El gobierno de Honduras enfrenta este acontecimiento sin medir las consecuencias ni su impacto. Pero su objetivo fue mantener en impunidad el asesinato, proteger a la familia Atala –dueños de la empresa DESA–, a los bancos, a las fuentes de financiamiento, al ejército, a los empresarios más ricos de la región y, al mismo tiempo, a políticos y funcionarios presuntamente involucrados, de una u otra manera, en la concesión de esta obra hidroeléctrica. En este sentido, el gobierno impuso un proceso jurídico totalmente ilegal.23 Durante la investigación del crimen se falsificaron pruebas, se inventaron testimonios, desapareció todo el expediente del caso, se alteró la escena del crimen, se violó la constitución, el Código Penal, así como las normatividad internacional en materia de derechos humanos. A su vez, la Fiscalía actuó obstaculizando el proceso judicial para evitar peritajes, entorpecer el debido proceso, operar con negligencia en las investigaciones, imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, así como los allanamientos a la empresa propiedad de la familia Atala. De igual forma se alteró el retrato hablado que ofreció el único testigo, entre otras irregularidades.
El descontento social y la movilización por el asesinato de Berta fueron reprimidos. Además hubo intimidaciones, amenazas e incluso más muertos luego del feminicidio de la activista. La OEA, la Unión Europea, la ONU, Amnistía Internacional, así como todas las redes internacionales de derechos humanos y muchos gobiernos, reprobaron el crimen. Las víctimas de este asesinato, el COPINH, familiares y Gustavo Castro presentaron denuncias y agotaron todos los instrumentos legales para exigir justicia y el debido proceso judicial, aunque todo ello sin que hubiera una respuesta. El gobierno, junto con sus tres poderes, cerró filas para proteger sus intereses e impunidad. Con el Tribunal recusado, de cualquier forma se convocó al juicio ilegalmente y expulsó a las víctimas del mismo en octubre de 2018. Si con este caso tan paradigmático la respuesta de la justicia fue una violación flagrante a los derechos humanos, ¿qué podrían esperar las miles de víctimas anónimas? Esta es otra de las razones por las que en ese mismo mes da inicio el éxodo masivo hondureño hacia el refugio.
Y efectivamente, el 29 de noviembre de 2018 finalizó el juicio ilegal y se condenó a siete de los ocho imputados, entre ellos a miembros de la empresa DESA, a militares y ex militares entrenados por Estados Unidos y a los sicarios que detonaron las armas. Pese a ello, las víctimas y la opinión pública nacional e internacional han señalado que falta que las autoridades consignen a los autores intelectuales del homicidio: todo apunta a que se encuentran entre la familia Atala, pero también a políticos y a toda la estructura criminal que planeó y pagó para ejecutarlo.24
Los detonantes del éxodo actual
Empresarios, políticos, fuerzas armadas y policiacas –coludidos en una ola gigantesca de escandalosos casos de corrupción y acusados de estar involucrados con el crimen organizado y el narcotráfico– propusieron una salida: la reelección presidencial. Así, en noviembre de 2017 el presidente Juan Orlando Hernández logró reelegirse ilegítimamente mediante un descomunal fraude electoral que provocó protestas y movilizaciones de todos los sectores y rincones del país como nunca se habían visto. Más de 30 personas fueron asesinadas por la policía militar durante el conflicto poselectoral, incluyendo mujeres adolescentes y se encarceló a 22 personas como fruto de esas movilizaciones.25 La persecución y la represión aumentó,26 así como la salida de hondureños de su país en búsqueda de refugio o asilo. Por si fuera poco, un año después, en noviembre de 2018, el hermano del presidente fue detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.27
Ni la MACCIH, ni el fondo EuroJusticia, ni la presión internacional pudieron evitar este fraude, pero tampoco han podido evitarse el aumento del crimen organizado, los feminicidios, las “maras” ni los reclutamientos de niños y jóvenes para incorporarlos a las pandillas juveniles. Por todo eso, a más de un año del fraude electoral, miles de hondureños y hondureñas han decidido huir del país y buscar refugio en Estados Unidos. Paradójicamente al país que ha sido también la causa de su pobreza, miseria y violencia. Un éxodo masivo sin precedentes en cantidad y forma, que ha desafiado a retenes policiacos y militares, fronteras y condiciones de extrema pobreza que han sido mitigadas por la solidaridad de los pueblos de Guatemala y México. El refugio es la expresión del capitalismo que depreda pueblos y territorio para maximizar ganancias, despojando a los ciudadanos de las más elementales condiciones de vida.
Actualmente, Honduras tiene sólo el 50% de su población económicamente activa y en condiciones laborales muy precarias. Alrededor de 1.8 millones se encuentran sin trabajo y 8.2 millones en pobreza, lo que representa al 68% de una población total28 que alcanza poco más de 9 millones de habitantes, el segundo país más poblado de Centroamérica y el Caribe, seguido de Guatemala.
El Banco Central de Honduras confirma que entre 2015 y 2016 las remesas subieron de 3 mil 649.8 millones de dólares a 3 mil 847.3 millones de dólares, y en 2017 a 4 mil 355.7 de dólares. Según cifras del Servicio de Migración y Aduanas de Estados Unidos, en sólo los meses de octubre y abril de 2018, 50 mil 924 migrantes solicitaron ingresar de forma legal, cuando en el mismo periodo del año anterior la cifra fue de 15 mil 766 personas. Por tanto, son muchos los factores que originan el éxodo masivo de la población refugiada: violencia, homicidios, feminicidios, narcotráfico, crimen organizado, corrupción, impunidad, represión, bajos salarios, precariedad laboral, desempleo, falta de servicios básicos de salud y educación; altos costos del combustible, inflación, carestía, devaluación de la moneda, deuda externa que llega a los 11 mil millones de dólares, que equivalen al casi 50% del presupuesto nacional; los bajos precios del café, el segundo producto de exportación; el alza de los impuestos, las extorsiones de bandas criminales, la expulsión de tierras y los desahucios de viviendas por parte de los bancos. Dicho de otra forma: huyen de la crisis del capitalismo, desde su periferia hacia el centro.
La caravana de refugiados
Ya que la definición de una persona “migrante” no toma en cuenta las razones de su desplazamiento, reivindicarse como “refugiado” tiene un carácter político. Los refugiados, según la Convención de 1951, son aquellas personas que salen de su país por temor fundado a la violencia generalizada, a la persecución del que son objeto por razón de etnia, nacionalidad, religión, por opiniones políticas, por pertenencia a un grupo social, u otras causas que han alterado el orden público y que requieren protección internacional que no puede garantizar su país de origen. En 1969 la Organización por la Unidad Africana utilizó una definición más amplia de la Convención, incluyendo a las personas que dejaron sus países debido a las agresiones exteriores, la ocupación, la dominación por potencias extranjeras o graves alteraciones del orden público. Estas razones muy bien se pueden aplicar a Honduras o a la región Centroamericana.
El éxodo hondureño ha sido una movilización inédita y única en Centroamérica, autoconvocada por las redes sociales y con una respuesta masiva impresionante, sin la injerencia de partidos políticos, iglesias, organizaciones sociales u otro actor que la promueva. Este desplazamiento, que rebasa ya las 10 mil personas, se ha realizado en grupos de miles que se protegen a sí mismos de extorsiones y de desapariciones del crimen organizado durante su trayecto –aunque ya se han dado casos– y que se liberan de los altos costos del tráfico de personas. La masividad les permite visibilizar las condiciones y razones de su refugio; evidencia la violencia en sus lugares de origen y, sobre todo, pone a Honduras en el ojo de la comunidad internacional.
El proceso del refugio hondureño y su paso por México ha desatado fuertes reacciones racistas y xenófobas alimentadas por algunos medios de comunicación y redes sociales. La reacción de sectores que no aceptan las promesas del nuevo gobierno presidencial de darles cobijo y empleo frente a la pobreza y desempleo de la población mexicana, o las reacciones contra los hondureños que desafían las leyes migratorias del país, han agudizado este sentimiento de rechazo. Sin embargo, por otro lado, también ha generado mucha solidaridad de parte de la sociedad mexicana, de ciertos medios de comunicación, de políticos e intelectuales, de organizaciones de derechos humanos, de colectivos, de artistas, de barrios, de pueblos y de colonias, entre otros muchos sectores. Alimentos, ropa, medicinas, agua, un lugar dónde dormir, acompañamiento en la caravana y hasta medios de transporte para hacer más ligera el trayecto a niños, mujeres y adultos mayores agotados por la travesía. Pese a las amenazas de Trump sobre los países de la región para que no los dejen llegar a la frontera de Estados Unidos, México no pudo evitar el paso de los miles de hondureños, aunque sí intentó frenarlos y deportarlos mediante retenes o campañas de convencimiento para que regresaran.
Es necesario el reconocimiento del refugio hondureño que huye masivamente de la violencia; que los mecanismos multilaterales operen, que la ayuda internacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos puedan atender no solamente sus necesidades humanitarias, sino también las causas que han generado el éxodo, cuyas causas son múltiples y complejas. Mientras se perpetúe la corrupción, la impunidad, la intervención de Estados Unidos con su tutelaje militar, así como el extractivismo voraz y un andamiaje del Estado cooptado por el narcotráfico, la violencia y la pobreza, se seguirá ubicando a Honduras en los peores índices del continente y, a su vez, se seguirá abriendo la puerta para que sus habitantes vean el refugio como la única salida, y esa no es la solución.
La población hondureña ha resistido, se ha movilizado, ha denunciado, ha agotado todos los recursos legales disponibles, ha intentado incidir con su voto y con propuestas de ley, ha acudido a las instancias multilaterales para exigir justicia, ha hecho propuestas de reformas y de refundación de su país, como la que sucedió con el fuerte movimiento que se desató luego del golpe en 2009. Por ello, la esperanza del pueblo hondureño está cimentada. Y si bien debe construir su propia historia, la solidaridad internacional ha sido muy importante, pues ha permitido presionar a los actores externos con intereses que impiden su soberanía y alimentan su sometimiento. Con todo, se ha logrado visibilizar a un país que estaba fuera de los radares de atención de los movimientos sociales y se canalizan relaciones y se tienden puentes de ayuda que fortalecen sus capacidades y lucha para construir un nuevo país.
1 Véase “Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo” (BBC Mundo, 10 de abril de 2014, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc).
2 Véase “¿Cuáles son los países más desiguales en América Latina?” (Marcelo Justo, BBC Mundo, 9 de marzo de 2016, (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab).
3 Véase “Honduras: el país de Latinoamérica con la mayor tasa de homicidios” (Agencia AP-Redacción, El Heraldo, 7 de abril de 2014, https://www.elheraldo.hn/pais/572485-214/honduras-el-pais-de-latinoamerica-con-la-mayor-tasa-de-homicidios).
4 Véase Foreign Trade Information System (OEA, http://www.sice.oas.org/ctyindex/HND/HNDagreements_s.asp).
5 Véase “Acabar con las maras en Honduras para frenar la migración a EEUU” (Angélica Pérez, RFI, 27 de abril de 2018, http://es.rfi.fr/americas/20180427-acabar-con-las-maras-de-honduras-para-frenar-la-migracion-eeuu).
6 Véase “Honduras, con 1.2 millones de migrantes en el mundo” (Mario Cerna, El Heraldo, 7 de abril de 2014, https://www.elheraldo.hn/hondurenosenelmundo/617067-299/honduras-con-12-millones-de-migrantes-en-el-mundo).
7 La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico se aprueba en junio de 2013 (http://www.proceso.hn/component/k2/item/19788.html).
8 Su página oficial es <http://zede.gob.hn/?page_id=18>.
9 Véase “Ciudades Modelo: un experimento que no marcha bien en Honduras” (Criterio, tomado de The Economist, 8 de diciembre de 2017, https://criterio.hn/2017/08/12/ciudades-modelo-experimento-no-marcha-bien/).
10 Véase “Honduras, eventos 2016” (Human Rights Watch, https://www.hrw.org/es/world-report/country-chapters/298599ç).
11 Véase “Honduras, el país de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios” (El Heraldo, 7 de abril de 2014, https://www.elheraldo.hn/pais/572485-214/honduras-el-pais-de-latinoamerica-con-la-mayor-tasa-de-homicidios).
12 Véase “Situación en Tocoa es tensa por amenazas estatales y de compañía minera de yerno de Miguel Facussé” (Criterio, 19 de agosto de 2018, https://criterio.hn/2018/08/19/situacion-en-tocoa-es-tensa-por-amenazas-estatales-y-de-compania-minera-de-yerno-de-miguel-facusse/).
13 Véase “¿Quién es Miguel Facussé?” (Hugo Herrera, El Trabajador Socialista, núm. 85, octubre 2011, https://sobhonduras.org/index.php/63-etsarts/ets-85/176-iquien-es-miguel-facusse).
14 Véase “Honduras: califican de apresurada la liquidación” (Tiempo Digital, 12 de octubre de 2015, https://tiempo.hn/honduras-califican-de-apresurada-la-liquidacion/).
15 Véase “Familia Rosenthal demanda al Estado hondureño” (La Tribuna, 31 de octubre de 2018, http://www.latribuna.hn/2018/10/31/familia-rosenthal-demanda-al-estado-hondureno/).
16 Véase “BCIE renueva línea de crédito a Banco FICOHSA” (BCIE, 1 de marzo de 2017, http://www.bcie.org/prensa/noticias/articulo/bcie-renueva-linea-de-credito-a-banco-ficohsa/).
17 Véase “Honduras: Los bancos de desarrollo FMO y Finnfund confirman su salida del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca para ‘reducir’ tensiones” (Business and Human Rights, https://www.business-humanrights.org/es/honduras-los-bancos-de-desarrollo-fmo-y-finnfund-confirman-su-salida-del-proyecto-hidroel%C3%A9ctrico-agua-zarca-para-%E2%80%9Creducir-tensiones%E2%80%9D).
18 Véase “¿Qué es el Plan de Alianza para la Prosperidad?” (Programa Nacional de Competitividad de Guatemala, https://www.pronacom.gt/proyectos/plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte/que_es_el_plan_de_alianza_para_la_prosperidad).
19 Véase “Uno de cada 5 dólares del PIB de Honduras viene de las remesas” (La Prensa, 12 de mayo de 2018, https://www.laprensa.hn/honduras/1177503-410/pib-remesas-hondure%C3%B1os-estados_unidos-trabajo-ilegal).
20 Véase el Programa EuroJusticia (http://eurojusticia.hn/index.php/eurojusticia/).
21 Véase “Pobladores de Pajuiles se toman carretera en Tela exigiendo el cierre de proyecto hidroeléctrico (Criterio, 26 de marzo de 2018, https://criterio.hn/2018/03/26/pobladores-de-pajuiles-se-toman-carretera-en-tela-exigiendo-el-cierre-de-proyecto-hidroelectrico/).
22 En <http://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/default.asp>.
23 Para una cronología y caracterización del Juicio, véase <https://copinh.org/>.
24 Véanse las reacciones de organizaciones internacionales de derechos humanos y otros actores internacionales en <https://copinh.org/>.
25 Véase “Conozca la lista de los 22 presos políticos de Honduras” (Criterio, 15 de febrero de 2018, https://criterio.hn/2018/02/15/conozca-la-lista-los-22-presos-politicos-honduras/).
26 Véase “2017 es el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente” (Informe 2017 de Global Witness, https://www.globalwitness.org/en/press-releases/2017-es-el-%C3%B1o-con-m%C3%A1s-muertes-registradas-de-personas-defensoras-de-la-tierra-y-el-medio-ambiente/).
27 Véase “Tony Hernández es acusado de traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos” (Agencia AFP/El Heraldo, 26 de noviembre de 2018, https://www.elheraldo.hn/pais/1237054-466/tony-hernandez-es-acusado-de-traficar-toneladas-de-cocaina-a-estados-unidos).
28 Véase “Honduras, con 1.2 millones de migrantes en el mundo” (Mario Cerna, El Heraldo, 7 de abril de 2014, https://www.elheraldo.hn/hondurenosenelmundo/617067-299/honduras-con-12-millones-de-migrantes-en-el-mundo).
